El preso político Oscar Corría Sánchez, arrestado desde hace más de veinte días en la unidad policial de Contramaestre en Santiago de Cuba, se declaró en huelga de hambre, según confirmaron a sus familiares las autoridades policiales.
“Fuimos a intentar, mi mamá y yo, a ver si le pasábamos una comida y el guardia nos dice que mi hermano está plantado hace cinco días y que no toma ni agua, no se cepilla, está renuente a todo”, indicó a Martí Noticias Mairelis Menéndez Sánchez, hermana del prisionero político.
Menéndez Sánchez lamentó que las autoridades policiales no avisaron a la familia de la inanición voluntaria del preso político: “lo único que fue avisado fue la Seguridad del Estado que fueron a visitarlo”.
Oscar Corría Sánchez, de 25 años, había cumplido una sentencia de tres años y seis meses de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.
El 1º. de octubre, acudió a una citación policial y fue dejado bajo arresto tras un altercado ocurrido cuando se negó a trabajar para el Estado. Fue acusado de los delitos de desobediencia y desacato.
Su hermana que lo acompañó a la estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) relató entonces que, frente a la decisión de Oscar de negarse a trabajar para el Estado cubano, los policías comenzaron a maltratarlo y a amenazarlo.
Corría Sánchez cumplió su sentencia el 8 de septiembre de 2024, pero desde entonces ha estado bajo acoso constante de la Seguridad del Estado y la PNR, que le exigen incorporarse a la vida laboral.
“Nada más por no querer trabajarle a este comunismo, ahí lo tienen sin pruebas. Solamente por ser del 11 de julio lo siguen ahí acosando amenazando hasta ahora que vinieron y lo metieron preso”, señaló la mujer.
En una grabación enviada a Martí Noticias, un oficial de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) acusó a Corría Sánchez de alterar el orden público dentro de la estación y lo amenazó con imputarlo por desobediencia si no se presentaba en la Dirección de Trabajo a reportarse.
La organización Prisoners Defenders asegura que los manifestantes de julio de 2021 que han sido liberados, tras cumplir sus sanciones, permanecen bajo vigilancia constante, reciben citaciones periódicas para interrogatorios policiales, y tienen expedientes como “contrarrevolucionarios”.
También pueden ser objeto de la figura de “peligrosidad social”, una medida preventiva que permite a las autoridades detener y sancionar a personas por considerarlas proclives a cometer delitos, incluso sin que hayan cometido ninguno.
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